En muchos países de América Latina, la concesión de derechos de explotación de recursos naturales, por parte de los Gobiernos, se fundamenta en Ley como método de regulación para su gestión y por el hecho, como la minería, donde se precisa de economía de empresa para su explotación y puesta en valor entre otros factores.
La aplicación, sin embargo, de los mismos criterios y procedimientos en este y otros países de Américas latina al recurso agua, es negar un recurso universal y básico a la población ya que no precisa grandes recursos para su captura y beneficio y debe ser accesible a todos. Las aguas subterráneas no pueden ser un negocio pero su falta de ordenación por desconocimiento estatal, trae consigo que las compañías adquieran derechos a la sombra de una legislación que no interesa modificar.
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